El Gobierno anuncia una prórroga de 6 meses para que los promotores cumplan con el siguiente hito administrativo
El Gobierno ha reculado in extremis para evitar la muerte de casi 400 proyectos renovables en tramitación. El Ejecutivo ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una prórroga de seis meses para que los promotores verdes acrediten la obtención del próximo hito administrativo fijado por ley, la autorización administrativa de construcción, que vencía el próximo 25 de julio.
Era materialmente imposible dados el atasco burocrático que arrastran las administraciones, una situación que se ha visto agravada por el adelanto electoral. El reciente ajuste en el calendario renovable da cuenta de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha terminado cediendo a la presión del sector, que lleva meses anticipando que la ley de hitos a las renovables, por la que la cartera fijó una serie de plazos en los que los promotores debían acreditar los permisos administrativos pertinentes para seguir adelante con los proyectos, necesita una revisión en profundidad.
Según ha cifrado el propio ministerio, en la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia (el 80% fotovoltaica y el 20% eólica) que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa.
Pese a las advertencias del sector, la vicepresidenta tercera lleva tiempo resistiéndose a retocar una ley que, en la práctica, ha abocado a España a un despliegue renovable a trompicones. La prórroga de seis meses aprobada este martes implica que en el ministerio son conscientes del problema, pero también que, en lugar de una revisión profunda de la norma, la cartera ha optado por poner un parche que retrasa el tapón renovable hasta pasadas las próximas elecciones generales.
Y es que el ministerio se resiste a extender el plazo final fijado por ley para culminar las plantas renovables. "Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde", han especificado desde la cartera. Mantener fijo este horizonte, según distintas fuentes del sector, significa que la reciente prórroga es "una patada hacia adelante" por parte del Gobierno que "retrasa, pero no resuelve" el problema estructural.
Font, article de Paula María per a "El Mundo"
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