Esa petición de la asociación León Propone fue admitida a trámite por el Parlamento Europeo a finales de noviembre y va en línea con las demandas de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses), que agrupa a más de 530 pueblos afectados por estas infraestructuras.
Ya a finales de 2020 esta entidad, creada hace casi tres décadas, presentó un manifiesto que reclamaba regular por ley la participación de los municipios con embalses en la caducidad de las concesiones hidráulicas. Y uno de los aspectos que centró la asamblea general que celebró hace unos días fue “el ejemplo de Villalcampo”, presa zamorana con 217 MW de capacidad que Iberdrola explota desde hace décadas y cuya licencia en principio va a expirar en octubre. Su futuro puede marcar el del resto de licencias que caduquen en esta década.
Se calcula que entre 2023 y 2027 vencen más de 330 MW hidroeléctricos, a los que se suman concesiones ya expiradas que siguen en manos privadas, y otros más de 500 MW que caducarán entre 2027 y 2030 y cuya extinción podrá iniciar este Gobierno. En agosto de 2021 el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó a plantear la idea de que esas concesiones las explote una empresa pública, pero esa propuesta no figura en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar.
Femembalses está muy pendiente de Villalcampo y se ha personado en el contencioso abierto por Iberdrola contra el ministerio para la Transición Ecológica para intentar prorrogar su vigencia hasta mediados de siglo. “Entendemos que en estos nuevos pliegos ya tienen que escuchar nuestras demandas”, resume al teléfono Maite Bardají, secretaria general de la federación.
Asesorados por el bufete de Valeriano Hernández-Tavera, exabogado del Estado y exsubdirector General del Servicio Jurídico, los pueblos con presas han pedido que los municipios del entorno de Villalcampo coparticipen con “un mínimo del 20% de la reserva de energía y/o beneficios de la central al territorio afectado por los aprovechamientos”, ya que sufren “unas cargas que repercuten negativamente sobre el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de la región”, se lee en las alegaciones que presentaron en 2022.
Bardají, también alcaldesa socialista de La Puebla de Castro, un pueblecito de 419 habitantes en Huesca, cree que Villalcampo “va a marcar la línea de ruta para el resto” de nuevas concesiones para unas presas que, recuerda, ya están construidas y en las que los beneficios “van a ser mucho más claros: hay que hacer un mantenimiento, pero las inversiones ya están hechas”.
Femembalses espera poder plantear a la nueva directora general del Agua, María Dolores Pascual, hasta hace unas semanas presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sus “reivindicaciones históricas”, que “no tienen por qué ser dinerarias únicamente”. Pueden consistir “en algún tipo de ventaja para el lugar donde se produce la energía”.
“La mayoría de nosotros formamos parte de la España vaciada” y “queremos que haya un reconocimiento por el resto de España de los sacrificios que se han hecho en estas zonas” con la construcción de esas presas
En Villalcampo, la secretaria de Femembalses teme que se reproduzca la situación de la pequeña presa de su municipio, que tras caducar la concesión, gestiona la confederación del Ebro con un contrato de prestación de servicios, con menos ingresos para el pueblo: “Cobramos BICE [impuesto sobre el valor real de los Bienes Inmuebles de Características Especiales, similar al IBI], pero no IAE” [Impuesto de Actividades Económicas].
En su caso, son ingresos de poca importancia, pero para una presa de gran tamaño, “que la confederación o una empresa pública gestionara esa central hidroeléctrica, implicaría que se perdería el IAE”, con un impacto “terrible” para las arcas municipales, dice Bardají.
En el caso de la presa zamorana, además, “los ayuntamientos están preocupados si la nueva concesión se retrasa” y hay una “prórroga forzada” por el contencioso de Iberdrola con el ministerio. Su máxima responsable, la vicepresidenta Teresa Ribera, explicará este martes en el Congreso sus planes para esta legislatura.
“Posibilita que haya industria”
La idea de compensar más a estos territorios tiene el apoyo de, entre otros, el socialista Miguel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en una comunidad autónoma clave en la producción de electricidad que, según un reciente estudio, está entre las regiones europeas más amenazadas por el proceso de transición energética.
Hace unos días, Morales, también secretario general del PSOE en esa provincia, reclamaba en X (antiguo twitter) que “la producción de energía eléctrica, que tantos beneficios da en otras partes de España y que posibilita que haya industria en otras áreas”, beneficie a su provincia, “que la produce y exporta”.
En esa línea va la petición de León Propone al Parlamento Europeo, que invita a la UE a adoptar medidas ante la “preocupación” que plantea “el despliegue de las energías renovables”. Este debe hacerse de forma “compatible con la conservación del patrimonio natural y social” y “revertiendo parte de la riqueza que genera en el territorio donde se instalen las plantas”.
Por ello, reclaman una tasa para la generación de electricidad en las provincias donde haya centrales de generación de electricidad renovable “que se emplee en proyectos de promoción empresarial en dichas regiones”. El promotor de la iniciativa, José Manuel Martínez Fernández, explica al teléfono que la propuesta pasaría por recuperar ese canon energético a través del IVA, aunque “cualquier vía puede ser adecuada”.
“La diferencia es que si es un nuevo impuesto, lo pagan las eléctricas, y al final lo acabarán repercutiendo a los ciudadanos. Si es un porcentaje del IVA implica una reducción de los recursos del Estado y la UE y no son partidarios de ello, claro”.
El objetivo, explica, es “conseguir un mayor retorno al territorio”. Ese canon energético que piden resucitar lo abonaba el Gobierno a las diputaciones por la producción de energía en cada provincia. “Eran cantidades muy importantes”. En 1982, Cáceres, la provincia que más recaudaba, recibía 494 millones de pesetas en un semestre, cifra que anualizada y teniendo en cuenta la inflación acumulada desde entonces equivaldría a unos 21 millones de euros anuales.
Martínez Fernández subraya que la normativa que regulaba este canon, sobre todo el reglamento de desarrollo, “ya decía que había unas zonas de producción y de consumo, que eran aquellas donde la naturaleza permitía instalarlas, y otras consumidoras que se beneficiaban de esa energía. Y como mecanismo de solidaridad había que establecer ese canon”.
Este se elimina en torno a 1985. Y posteriormente se cambió el sistema de financiación de las diputaciones, con una participación en tributos del Estado que se reparte exclusivamente por el número de habitantes. “Eso quiere decir que una diputación como la de León, Cáceres o Zamora, que pierden población, cada vez recibe menos”, mientras Madrid o Barcelona “cada vez reciben más aunque sus competencias son cada vez más reducidas”.
Fondo obligatorio
Fernández, funcionario actualmente destinado en la Diputación de León, afirma que su propuesta parte de la sociedad civil y no tiene ninguna formación política ni administración detrás.
También plantean un fondo obligatorio para garantizar el desmantelamiento de las instalaciones al término de su vida útil; imponer a todos los Estados miembros un espacio reservado en las redes de transporte y distribución para el consumo propio de las instalaciones de interés general situadas en las zonas de producción, como las explotaciones agrícolas y ganaderas; y limitar la ubicación de grandes instalaciones en territorios que tengan protección ambiental de la UE.
Martínez Fernández explica que empezaron a trabajar en esta propuesta “viendo el problema que tienen los regantes para poder conectarse a la red con huertos solares que utilizan para los regadíos y poder comercializar esa energía para abaratar sus costes”. “No les dejan porque no hay punto de conexión”. Solo una comunidad del Bajo Guadalquivir ha podido hacerlo y vender sus excedentes.
Este experto en Derecho Administrativo defiende que su propuesta no parte de la “España vaciada”, porque beneficiaría “a toda España”, en especial “a las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla y León y Castilla La Mancha. También a Tarragona, Orense, Asturias... A todas las comunidades de regantes de España” y “al medio ambiente de manera especial”.
Asegura que “no hay una normativa expresa” sobre qué ocurre con los terrenos afectados por parques eólicos y fotovoltaicos una vez dejan de operar. “Tienes que restaurar los terrenos una vez se agota la vida útil o te vas de allí; pero si la empresa quiebra no hay ninguna garantía detrás”. Pone el ejemplo de antiguas escombreras mineras en León para cuya restauración se van a destinar 150 millones con fondos de Transición Justa.
“Si esto sucede con los huertos solares y los molinos el problema es enorme, porque bajo cada molino hay entre 40 y 400 metros cúbicos de hormigón”. No obstante, los parques más antiguos suelen ser los que mejor recurso energético tienen y son claros candidatos a ser repotenciados para seguir operando.
Los promotores de renovables están obligados a depositar avales por el uso del suelo, pero es una cantidad “insignificante”, dice el portavoz de León Propone, que añade que se trata de un dinero “apalancado, que no circula por la economía”. “Planteamos que sea la propia UE o el ministerio quien cree un fondo dotado por las empresas, con un porcentaje de su facturación anual”, que se destinaría a la retirada de las instalaciones en caso de que la empresa en cuestión no se haga responsable.
Martínez Fernández fue vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid y tiene experiencia bregando con grandes empresas, ya que asesoró al consistorio pucelano en la remunicipalización del suministro de agua con el entonces alcalde y hoy ministro de Transportes, Óscar Puente. La medida propició una demanda de la multinacional Suez contra él y otros funcionarios del ayuntamiento: “Solo hacíamos nuestro trabajo”.
En paralelo a estas propuestas, en Aragón está por ver si se aplicará el impuesto ambiental al sector que impulsó poco antes de las últimas elecciones autonómicas el anterior presidente, el socialista Javier Lambán, y que en principio el popular Jorge Azcón va a aprobar. Tal y como está planteado, gravaría las líneas eléctricas de más de 30 kilovatios y tendría un coste de unos 1.400 euros por hectárea para los parques.
El impuesto, en línea con el canon eólico en vigor desde hace años en Galicia y los aprobados en Castilla-La Mancha y Castilla y León, ha provocado el rechazo frontal del sector. Hace unos días la patronal fotovoltaica UNEF mostraba “esperanzas” de que el gobierno aragonés de PP y Vox lo acabe retirando. La patronal eólica AEE asegura que el sector sufre ya una elevada carga fiscal y que por cada 1.000 euros que ingresan, 123 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos.
Font, article de Antonio M. Vélez per a "El diario.es"
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