El grueso de las modificaciones se aplica ya y solo se retrasa la parte fiscal
La polémica ley de vivienda, cuya negociación llevó prácticamente toda la legislatura al Gobierno, entra este viernes en vigor, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara este jueves las 61 páginas que recogen la nueva normativa. «La vivienda es un derecho y no un bien de lujo. Cumplimos». Con estas palabras celebraba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde sus redes sociales el arranque oficial de una legislación que ha levantado más de una ampolla y que no convence a todos. De hecho, un estudio realizado por el Grupo Mutua de Propietarios revela que mientras que casi siete de cada diez inquilinos están a favor (principalmente jóvenes), solo convence a uno de cada dos arrendadores. Pero, ¿qué cambia con el nuevo marco legal? Lo que afectará la ciudadanía, a continuación:
¿Qué regula?
La ley por el derecho a la vivienda desarrolla «el derecho recogido en la Constitución a una vivienda digna». Según subraya el Ejecutivo, «persigue ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas».
Topa la subida de los precios del alquiler?
Temporalmente, sí. Extiende un año más el tope a la subida de las rentas de las viviendas en alquiler (del 2 % este ejercicio y del 3 % el próximo). Pero será en el 2025 cuando se suprimirán esos límites y se aplicará un nuevo índice de referencia para revisar los contratos, en sustitución del IPC. El objetivo es que no se trasladen a los precios de la vivienda la subida de productos volátiles, como los alimentos.
¿Qué son y que suponen las zonas tensionadas?
Las zonas tensionadas son una de las claves de la norma, pues su declaración —la Xunta ya ha avanzado que no tiene intención de hacerlo— posibilita limitar la subida de los alquileres. En concreto, para declarar tensionado un barrio o un municipio, tiene que cumplir una de estas dos condiciones: o que el coste medio de la hipoteca o del alquiler más los gastos básicos (agua, luz, etc.) supere el 30 % de la renta media de los hogares; o que el precio de la vivienda (ya sea compra o alquiler) haya subido al menos un 3 % más que el IPC en los últimos cinco años.
El tope al precio es para todos los arrendadores?
En las zonas tensionadas, sí. En ellas, los precios de los contratos de alquiler estarán topados, con independencia de que el dueño del inmueble sea un pequeño propietario o un gran tenedor de vivienda.
¿A quién se considera gran tenedor de vivienda?
La nueva normativa define esta figura como las empresas o particulares que posean más de diez inmuebles urbanos de uso residencial —garajes y trasteros quedan excluidos— o cinco, si estos inmuebles se sitúan en una misma zona tensionada.
La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) calcula en unos 24.000 los grandes tenedores en Galicia (consideran el límite de diez inmuebles). Si se rebaja a cinco, la cifra escala a los 59.000.
¿Favorece la okupación?
La ley introduce más requisitos legales para los desalojos por impago de la renta o por okupación. Esto ha sido interpretado por algunos partidos políticos y agentes del sector inmobiliario como más trabas para recuperar la vivienda y, por tanto que alienta el fenómeno okupa. Por ejemplo, obliga a concretar día y hora del lanzamiento y refuerza el papel de los Servicios Sociales: no se admitirán demandas que no incluyan un informe de que ninguno de los ocupantes de la vivienda está en situación de vulnerabilidad económica ni de si la vivienda es o no de un gran tenedor. Además, impone un proceso previo de mediación antes de demandar
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