El 28M desactiva los topes al alquiler de la ley de vivienda y tiñe la norma de incertidumbre

 

El vuelco del PP en la Comunidad Valenciana y Baleares deja con pocas aspiraciones a su medida estrella

La norma podría ser derogada si Feijóo llega a La Moncloa, quien aboga por un Pacto Nacional en esta materia.

El tsunami azul que arrasó el domingo en las elecciones municipales y autonómicas al PSOE, y que ha obligado al Gobierno a adelantar las elecciones generales al 23 de julio, puede dejar en papel mojado la ley de vivienda que Sánchez ha usado como arma electoral para estos comicios. Algunas de sus disposiciones estrella como los topes al alquiler y la prórroga forzosa de los contratos son medidas que tienen que habilitar las comunidades autónomas declarando un municipio o barrio como área tensionada. Y autonomías que aspiraban a usar ese control como Baleares o la Comunidad Valenciana quedarán, salvo sorpresa, en manos del PP.

Ningún candidato autonómico del Partido Popular se ha mostrado a favor de utilizar las medidas a criterio de las regiones que habilita la Ley por el Derecho a la Vivienda, que entró en vigor la semana pasada. Han servido, más bien, como arma arrojadiza contra los ejecutivos en manos del PSOE y sus socios de extrema izquierda, que veían en la nueva norma un filón para intervenir el mercado del alquiler en las principales capitales españolas.

Cataluña, la excepción

Por lo que tan solo Cataluña resta como la comunidad que mayor efecto puede propiciar si declara a Barcelona y a su periferia como área tensionada. Algo que ya se da por hecho, pues los límites al alquiler estuvieron vigentes en la región durante año y medio (hasta que el Tribunal Constitucional los tumbó) y la norma se ha cerrado en el Congreso con la participación en la elaboración del texto y el apoyo de ERC, partido que gobierna en la región.

La Ley por el Derecho a la Vivienda habilita a las comunidades la posibilidad de declarar un mercado tensionado siempre y cuando las administraciones regionales con competencia en vivienda puedan demostrar que el pago de la vivienda (hipoteca o alquiler) supone un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC, en los últimos cinco años.

También en los consistorios

Todo ese peso recaerá en las comunidades y no en otras administraciones. La propia redacción de la norma imposibilita que puedan ser los municipios los que decidan si se declara una zona como tensionada. Por lo que la voluntad de los ayuntamientos no servirá para aplicar la medida que pretende contener los precios del alquiler. Y en todo caso, la mayoría de los consistorios de las principales capitales españolas han caído en manos del PP. Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza o Palma, entre ellos.

Estas capitales también podrían dejar sin efecto los recargos del IBI a las casas vacías, que la nueva ley de vivienda permite ampliar hasta el 150% con el fin de movilizar más inmuebles al parque de alquiler y aumentar así la oferta. Como ya contó este periódico, actualmente este castigo fiscal solo lo aplican 288 ayuntamientos de los 8.131 municipios que hay en España. Y el cambio de mapa político pone en entredicho el éxito de esta disposición.

Si será de obligado cumplimiento la aplicación de medidas estatales como el límite a la subida anual de las rentas (actualmente del 2%) que será del 3% el próximo año y luego estará regido por un índice que creará el INE en detrimento de la desaparición del IPC como referencia, además de otras modificaciones de la LAU como la que exige al casero hacerse cargo de los honorarios de la agencia inmobiliaria por la gestión y formalización del contrato de alquiler

Eso es lo que sucederá 'a priori', pero la ley también podría estar encaminada a su derogación si el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, gana las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio. Desde el PP ya avisaron el mes pasado de que la intención es la de tumbar la ley de Vivienda si llegan a La Moncloa, y que buscarán impulsar en paralelo un pacto de Estado en esta materia, además de un plan destinado a jóvenes en el que pretenden incluir avales para hipotecas y para el pago de la fianza del alquiler.

Font, extracte de l'article de Antonio Ramírez Cerezo per a "ABC"