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El juez anula el voto de censura de Benidoleig por apoyarlo dos concejales expulsados del PSPV

La sentencia del juzgado de Alicante concluye que la maniobra del PP y los exsocialistas para echar al Bloc de la la alcaldía «incumplió flagrantemente la ley»

Benidoleig, un tranquilo pueblo de 1.200 habitantes de la Marina Alta, lleva un año de sacudidas políticas. El 2 de enero salió adelante la moción de censura que apartaba a José Vicente Pons, de Bloc-Compromís, de la alcaldía. Se hacían con el poder dos ediles expulsados del PSPV y una tercera que fue en la lista socialista, pero como independiente, y dos concejales del PP. La nueva alcaldesa era María Dolores Ern, a quien el PSPV había echado por pactar con los populares. Pero el voto de censura fue ilegal.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante, en una sentencia del pasado 30 de julio, concluye que el pleno de 2 de enero «incumplió flagrantemente» la ley. Por tanto, la moción de censura fue «un mecanismo ilegítimo». El fallo se basa en que los ediles socialistas María Dolores Enr y José Fornés Soliveres ya entonces habían perdido la condición de afiliados al PSOE. Este partido los echó el 28 de diciembre. Como concejales no adscritos, su voto ya no valía nada.

Benidoleig se convirtió en un banco de pruebas para saber si los cambios para combatir el transfuguismo introducidos en enero de 2011 en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General surtían efecto. Y sí. Las mociones de censura auspiciadas por ediles no adscritos y tránsfugas ya no tienen ningún futuro.

Pero que Pons recupere ya con todas las de la ley la alcaldía (volvió al cargo en abril, pero al suspender el juzgado cautelarmente el cambio de gobierno) no es garantía de que Benidoleig recupere la normalidad política. «Esperemos que todo acabe aquí, pero estas personas (en referencia a la ahora oposición) han demostrado no tener vergüenza y seguro que seguirán adelante».

La sentencia es «contundente» „así la definió el diputado de Compromís, Enric Morera„, pero cabe recurso. Y el ayuntamiento ha vivido en este proceso judicial una situación un punto esquizofrénica. El gobierno «ilegal», que ahora es oposición, ha pagado con dinero municipal a una abogada para que defendiera la legalidad de la moción de censura. Mientras, Pons, con el apoyo de Compromís, ha pleiteado para tumbarla. El alcalde reveló ayer que la abogada ya le ha costado al ayuntamiento unos 6.000 euros. Él no puede romper el contrato, ya que no tiene mayoría. Y se ve en la tesitura de que su propio ayuntamiento recurra el fallo que le mantiene como munícipe. Tanto Pons como Morera insistieron ayer en que esta causa deberían pagarla de su bolsillo los ediles expulsados del PSPV y los del PP. Para colmo, la sentencia condena en costas al consistorio.

El diputado de Compromís también advirtió ayer de que el PPCV, finalmente, no expulsó a sus ediles de Benidoleig pese a anunciar que lo haría. Morera arremetió contra el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, por permitir que «se ataque la legalidad» con mociones de censura que «vulneran la voluntad popular». «Esperemos que ahora en Benidoleig se restaure también la convivencia democrática», dijo el síndic de Compromís.