Feijóo evita tumbar el modelo de Ribera y plantea que los promotores asuman parte de la factura de la transformación energética.
El programa electoral para las elecciones del próximo 23 de julio que el Partido Popular ha presentado este martes ha reservado un bloque específico dedicado a gestión de agua y energía con 18 medidas, entre ellas, la puesta en marcha de una "tasa por hito" con cargo a los promotores renovables para financiar el sobrecoste administrativo que exige la transición energética, en concreto, la tramitación de permisos del aluvión de proyectos verdes en curso.
El objetivo de esta medida es contribuir a desbloquear el tapón burocrático que frena la tramitación de autorizaciones administrativas que exige la ley para seguir adelante con los parques eólicos y fotovoltaicos. "Para ello, introduciremos una "tasa por hito" que, con cargo al promotor del proyecto, financie el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático", reza el documento del PP.
La medida que proponen desde el PP, la 112 de su programa electoral, supondría un nuevo parche en la ley verde de Ribera. El principal partido de la oposición evita así derogar la norma de la vicepresidenta tercera y mantiene el modelo de objetivos. Según fuentes del sector, la tasa verde contribuiría a resolver el desbordamiento que viven los funcionarios de muchas CCAA, que han visto multiplicarse el volumen anual de expedientes verdes a tramitar sin que, en la mayoría de los casos, se hayan incrementado sus recursos de forma proporcional.
De este planteamiento ya se habían hecho eco previamente algunas voces del sector en distintos foros del ramo. De hecho, CCAA como Galicia o Castilla y León ya habían puesto en marcha iniciativas semejantes. Ahora el PP ha recogido la iniciativa en su programa electoral. medida. "Pagas una tasa, sí, pero a cambio te aseguras la agilidad de la Administración con departamentos específicos reforzados para la agilización en la tramitación", señalan fuentes cercanas a la formación popular.
Hace menos de una semana, el Gobierno se vio obligado a enmendar su calendario renovable y aprobar una prórroga de seis meses para que los promotores puedan acreditar el cuarto hito, el de la autorización administrativa de construcción. Sin embargo, mantuvo la fecha tope final, la del quinto objetivo, que fija la puesta en servicio de cientos de plantas renovables para junio de 2025. A ojos del sector, la prórroga resolvía sólo a medias la cuestión ya que la previsión entre los promotores verdes es que tras este periodo de gracia, el tapón vuelva a repetirse.
El programa que ha difundido hoy el Partido Popular incluye un plan para mapear todo el territorio nacional, "segmentándolo en función de las mayores o menores necesidades de evaluación ambiental incremental de cada zona". Esto es, dibujar en todo el país zonas en las que, en función de su mayor o menor sensibilidad ambiental, se exigirán unos controles administrativos más o menos estrictos.
El problema, según diversas fuentes del sector, es que al dejar estas demarcaciones medioambientales en manos de las CCAA aumenta el riesgo de que los distintos grupos de presión regionales puedan influir en la foto final del despliegue renovable.
Font, article de Paula María per a "El Mundo"
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