Ninguna operadora quiere prestarlo, pero el servicio de Internet universal sigue siendo obligatorio en España. Y Telefónica lo seguirá proporcionando dos años más
Las principales operadoras con red propia (Masorange, Vodafone, Digi y la propia Telefónica) financian conjuntamente este servicio deficitario, repartiendo costes según la facturación de cada operadora, siempre que esta supere los 100 millones de euros anuales. Así que el coste de este servicio:
- No sale de los impuestos: son las grandes operadoras quienes financian el servicio universal.
- Se distribuye proporcionalmente entre las operadoras, lo que implica que, indirectamente, los usuarios lo sufragamos a través de nuestras tarifas.
Los datos. Nunca mejor dicho:
- La velocidad mínima actual es de 10 Mbps.
- La CNMC propone elevarla a 30 Mbps y valorar otra subida hasta los 100 Mbps.
- El 93,3% de conexiones ya superan esta velocidad.
- También plantea aumentar el límite de datos móviles a 45 GB mensuales. Y más adelante a 150 Mbps
La gran pregunta. ¿Tiene sentido mantener esta obligación? El Ministerio para la Transformación Digital lanzó a finales de 2024 una consulta pública sobre su continuidad a partir de 2025.
La evolución tecnológica (mención a Starlink) y la expansión de las redes han llevado a que se cuestione la necesidad de este servicio a estas alturas. Las grandes operadoras han desplegado infraestructuras que cubren prácticamente todo el territorio nacional, reduciendo la brecha digital que justificaba originalmente esta obligación de servicio público.
- Sin embargo, sigue habiendo zonas rurales y de baja densidad poblacional donde la rentabilidad sigue siendo un reto para las empresas de telecomunicaciones.
Profundiza. El servicio ya ha sufrido varios cambios importantes al ritmo que marca el avance tecnológico: en 2023 se eliminó la obligación de mantener cabinas telefónicas y editar guías de teléfonos fijos, un vestigio de otra época.
Font, article de Javier Lacort per a "Xakata"
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