Una providencia de la instructora dispone que se envíe un “oficio recordatorio” de las aclaraciones solicitadas en una resolución del 12 de junio, que daba a Emergencias un plazo de cinco días para contestar
- La jueza de la DANA le ha tenido que recordar al Gobierno de Carlos Mazón que lleva dos semanas sin contestar a una información muy concreta que le solicitó en una providencia del pasado 12 de junio
- La instructora, tras haberlo solicitado la acusación popular que ejerce el sindicato CGT, representado por el letrado Joan Comorera, dio un plazo de cinco días para que la Conselleria de Emergencias, dirigida. por Juan Carlos Valderrama, aclarara el “significado exacto” de las expresiones utilizadas en los comentarios que incluía la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que envió al juzgado el alto funcionario Jorge Suárez el pasado 7 de abril.
La magistrada quería saber qué significaban expresiones tales como “no trabajaba como funcionaria en el CCE [Centro de Coordinación de Emergencias] en esa fecha” o “no tiene turno”. Y si esas apostillas expresaban que la persona a la que se hacía referencia “ya no trabajaba” en Emergencias “por estar ocupando otro puesto en el organigrama de la Generalitat”.
Pasado de largo el plazo que había dado, no se había vuelto a saber nada. Sin embargo, una providencia de la jueza, a la que ha tenido acceso elDiario.es, pide que se efectúe un “oficio recordatorio” directamente al CCE y a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, actualmente dirigida por la secretaria autonómica Irene Rodríguez.
La instructora de la causa, en la providencia dictada este jueves, otorga un plazo de cinco días para que se remita la “información solicitada” por el juzgado en su resolución del 12 de junio.
La Conselleria de Emergencias, por su parte, no ha contestado las preguntas de este diario.
Los antecedentes de Emergencias con la jueza
No es la primera vez que el departamento de Emergencias y la jueza instructora chocan en relación con la causa, en la que figuran como investigados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.
Cuando la jueza pidió un informe sobre la reunión del Centro de Coordinación Oprativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre y las pausas en la videoconferencia, día de la tragedia, el director general Alberto Martín Moratilla remitió un breve documento en el que afirmaba que las pausas se ordenaron para un periodo de trabajo “exclusivamente presencial”.
La jueza, en un auto del pasado 8 de mayo, tildó de “absurda” la explicación de Martín Moratilla, el único alto cargo de Pradas que ha sobrevivido en el Consell de Mazón a la DANA.
Font, article de Lucas Marco per a "elDiario.es"
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